JUAN EMILIO MAÍLLO. Solbes expresó estas opiniones en el Foro Europa Press, donde señaló que "la lógica económica nos lleva a que lo razonable es que", con independencia de los importes mínimos que se deban fijar "por razones de protección social, cada uno reciba sus pensiones de acuerdo con lo que ha contribuido".

El "saneamiento" que se ha producido en los últimos años "no debe hacernos olvidar que tenemos un problema de envejecimiento de población claro, que antes o después aparecerá, que es verdad que no es inmediato", que en vez de en 2015 o en 2020, será en 2040 o en 2050. Por ello, "conviene ir poniendo en marcha progresivamente este tipo de cuestiones para que no se produzcan cambios de forma traumática", como se hizo en la reforma de 1994, cuando se introdujeron cambios para que no fuesen los más rentables los últimos años cotizados.

"Son temas", admitió Solbes, "enormemente complejos a los que soy muy sensible" y "conozco la realidad de las posiciones sindicales", contrarias sobre todo en el caso de la UGT a la modifiación del periodo de cálculo. "Cambiar algo tan complejo como esto exige tiempo, de ahí mi insistencia en que aprovechemos ahora que todavía tenemos tiempo para hacer estos cambios lentamente y de forma progresiva".

LLEGAR A LOS 65

En cuanto a los incentivos para que la gente se jubile más allá de los 65 años, Solbes afirmó que "el primer paso es conseguir que la gente se jubile a los 65 años", ya que la edad media real "está claramente por debajo, alrededor de los 62 años". "Lo primero" que ha de hacerse es aproximarse a los 65 años, y "no veo ningún problema" para que, si hay personas que lo desean, puedan trabajar más allá de esa edad y recibir incentivos por ello, que ya existen.

Sobre el contenido de la última reforma laboral, Solbes reconoció que no es tan ambiciosa como a él le hubiese gustado, pero defendió que, en estas situaciones, conviene primar el consenso sobre la longitud del paso. "A veces el exceso de ambición o el ir demasiado lejos" con reformas no pactadas "al final han supuesto su inacción o la dificultad de su aplicación a posteriori".

Así sucedió, admitió, con la de 1994, cuando él era también ministro de Economía, cuyo "potencial quedó en parte reducido" por no haber sido una reforma pactada. "En reformas de esta naturaleza lo que yo he aprendido es que es mejor" una reforma consensuada que fije "un escalón algo más bajo", pero que se pueda subir, antes que fijar uno más alto que tal vez no se puede alcanzar.