LAURA VALLEJO. En dicho proceso contarán con la asesoría de la Sociedad de la Esclerosis Múltiple del Reino Unido, organización que concede cada año en torno a 1,5 millones de euros en ayudas a arrendatarios que alquilan viviendas a personas con esta discapacidad, para la instalación de sillas elevadoras para subir las escaleras y adaptaciones de los cuartos de baño. El pasado 4 de diciembre entraron en vigor en Gran Bretaña las enmiendas a la Ley contra la Discriminación de los Disapacitados, que reconocen el derecho de los inquilinos con discapacidad a reclamar a los propietarios de las viviendas "adaptaciones razonables" para que éstas se ajusten a sus necesidades.

Dichas disposiciones no exigen a los propietarios obras de envergadura que afecten a la estructura del edificio, pero sí requieren la instalación de dispositivos como rampas portátiles o la adaptación de los equipamientos e instalaciones. El coste de muchas de estas obras no supera los 1.500 euros, por lo que la Sociedad de la Esclerosis Múltiple ha propuesto al Gobierno británico que este tipo de ayudas se concedan de manera automática a los propietarios de viviendas en alquiler, sin exigirles ningún requisito previo.

Por su parte, las asociaciones de arrendadores del Reino Unido han reaccionado en contra de la nueva normativa de accesibilidad, al temer que el coste de estas adaptaciones empujaría a muchos propietarios a subir la renta, lo que encarecería el alquiler en el país. Sin embargo, la Asociación de Caseros Residenciales apunta que el coste de estas obras es una buena inversión, ya que, una vez que un arrendatario con discapacidad encuentra un casero que se preocupa por sus necesidades, suelen ser inquilinos estables y responsables.