PABLO BLÁZQUEZ. A la espera de que se conozcan los datos definitivos sobre la ejecución del presupuesto de la Seguridad Social, Granado avanzó en rueda de prensa que en 2006 se destinaron 3.503,8 millones de euros al gasto en prestaciones por incapacidad temporal, es decir, un 5% más que en 2005. En este sentido, el secretario de Estado subrayó que la lucha contra el fraude por incapacidad temporal ha reducido la tasa de crecimiento de este gasto desde el 14,5% en 2004 al 5% de 2006.

No obstante, el gasto en incapacidad temporal aumentó en estos tres ejercicios un 30,9%, al pasar de los 2.676,6 millones de 2003 a los 3.503,8 millones de 2006. En este sentido, Granado señaló que el Gobierno no tiene ninguna "vocación de reducir el gasto", sino de destinarlo de una forma correcta. "La Seguridad Social ha combinado en los tres años de la presente legislatura una política de gasto que ha primado el incremento de las prestaciones en contraposición a la austeridad en el gasto corriente", señaló el secretario de Estado de Seguridad Social.

Mientras el gasto en prestaciones ha aumentado un 23%, al pasar de 67.240,34 millones de euros en 2003 a 82.587,86 millones en 2006, los gastos corrientes sólo han crecido un 3,39%, al pasar de 603 millones en 2003 a 623,5 millones de euros en 2006, según el cierre provisional del presupuesto de gasto 2006. Dentro de las prestaciones destaca el dinero dedicado a las pensiones (73.741,80 millones de euros), con un aumento del 22,5%; a la prestación por maternidad y riesgo durante el embarazo (1.475,46 millones), que creció en el trienio más que las pensiones, 36,5%, y las subvenciones a las comunidades autónomas para la atención a las personas dependientes, que antes no existían.

Granado explicó que, si se hubiera mantenido el nivel de gasto de 2003, último año de Gobierno del Partido Popular, la Seguridad Social habría gastado en 2006 más de 300 millones de euros adicionales. El secretario de Estado explicó que los objetivos del Gobierno se basan en aumentar el gasto en pensiones en concordancia con los ingresos del sistema, introducir políticas de austeridad en el gasto corriente y hacer un esfuerzo de transparencia para que "el presupuesto final se parezca al que han aprobado las Cortes Generales".