REDACCIÓN/SUSANA BRUNEL. La delegada especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer recordó que uno de los principales objetivos de la ley ha sido ofrecer a las maltratadas toda una serie de garantías que les dieran la confianza necesaria para denunciar. A su juicio, en este año se ha demostrado que "el sistema de protección protege" y que las mujeres confían en él porque se han incrementado las denuncias.

En este sentido, Orozco destacó el peso que están adquiriendo las mujeres inmigrantes que se atreven ya a denunciar. Según dijo, de las 100.000 denuncias registradas en 2005, un 30% de ellas son de mujeres inmigrantes.

En su repaso a las medidas puestas en marcha desde la entrada en vigor de la ley, la delegada especial del Gobierno se refirió a la Renta de Inserción Activa, un derecho económico para reforzar la autonomía personal de las víctimas y su inserción social. Así, un total de 5.064 maltratadas se han beneficiado de esta prestación en el primer trimestre de 2006. Además, 19 de ellas ha recibido ayuda por cambio de residencia.

Igualmente, Orozco resaltó que con la ley integral se han ampliado los derechos laborales. El número de contratos bonificados ha pasado de 248 en 2004 a 422 en 2005, lo que representa un aumento del 70,16%.

OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA

Sobre la necesidad de homogeneizar las estadísticas sobre violencia de género, Orozco se refirió a la próxima creación del Observatorio de la Violencia, un órgano que verá definitivamente la luz el próximo 28 de junio. Su objetivo, señaló, es la constitución de una base de datos capaz de aglutinar la realidad de este fenómeno, "hacer una fotografía completa" del problema.

La delegada del Gobierno en esta materia también se refirió al ámbito educativo para dar respuesta a la violencia de género, y destacó la importancia de la nueva asignatura "Educación para la Ciudadanía", que, según aseguró, no sólo será evaluable, sino que, además, será uno de los pilares del sistema.

Por último, subrayó la necesidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie cuanto antes sobre la veintena de recursos que tiene planteada esta ley por el mayor gravamen de penas que prevé cuando el agresor es un hombre y la víctima una mujer. "Es muy importante que el Constitucional se pronuncie y resuelva cómo debemos de seguir avanzando", dijo. "Estamos absolutamente deseosos de saber por fin cuál es su criterio".