:: Mujer

	Cuatro asociaciones médicas insisten al Gobierno en una ley de plazos La Federación de Planificación Familiar Estatal, la Sociedad Española de Contracepción, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), han pedido al Gobierno una ley de plazos hasta las 22 semanas de gestación, es decir, unos cinco meses y medio. La demanda se hace unos días después de la aprobación en Consejo de Ministros de la elaboración de un decreto de confidencialidad para las mujeres que aborten. :: La normativa para la confidencialidad en el aborto llegará antes de fin de año MAYTE ANTONA/CONCHA LÓPEZ. "En nuestra opinión, afirman las cuatro asociaciones en un comunicado, una ley de plazos hasta las 22 semanas de gestación (24 semanas -unos seis meses- contando desde la fecha de la última menstruación) y que deje de considerarse al aborto como un delito sería la mejor fórmula para garantizar el derecho a abortar". "El PSOE y el Gobierno tienen la oportunidad de hacer algo más por las mujeres que tanto defienden. En ese camino tendrán a su lado a las organizaciones comprometidas con la salud sexual y reproductiva, la planificación familiar, la contracepción, el derecho al aborto y la sanidad pública", sostienen estas organizaciones. Además, manifiestan su satisfacción ante el anuncio del PSOE de comprometerse a modificar la legislación vigente sobre el aborto y plantear esta reforma en el Congreso de los Diputados. "MAREAR LA PERDIZ" Por otro lado, el coordinador general y diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha acusado al Ejecutivo de "marear la perdiz" en el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo con un decreto de confidencialidad que es "manifiestamente insuficiente y mejorable". El problema, dijo Llamazares en rueda de prensa, no es que actualmente no existan mecanismos de discreción y procolos de actuación de las comunidades autónomas para preservar los datos personales de las mujeres. En su opinión, el problema es de fondo y es que la legislación no reconoce el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad. Por ello, insistió en que Izquierda Unida defenderá la aprobación de una ley de plazos en el debate que debe abrirse en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, a la que espera que llegue un proyecto de ley de modificación de la normativa actual, más allá del decreto aprobado el pasado viernes.